Aportes al manifiesto por el derecho a la vivienda
Acampada por el derecho a la vivienda. Sevilla, sábado 3 de octubre de 2026
Aportaciones al manifiesto por el derecho a la vivienda
Esteban de Manuel Jerez, grupo ADICI
La crisis de la vivienda es la consecuencia de cuarenta años de políticas neoliberales que impusieron el dogma, demostrado falso por los hechos, de que el repliegue del estado, desregulando el alquiler y el suelo, atraería la inversión, tanto para vivienda en alquiler como en propiedad, y bajarían los precios.
Las políticas que demostraron eficacia, tanto en España como en el resto del mundo, para resolver el problema de la vivienda, fueron sin embargo aquellas en las que el estado asumió su rol protagonista tanto con la promoción directa de vivienda pública como regulando el mercado del suelo y de la vivienda. La protección de los inquilinos en la Ley de Arrendamientos Urbanos de l964, la conocida como ley de renta antigua, atrajo a inversores privados para ofertar vivienda asequible con contratos indefinidos, actualizados según el incremento del coste de la vida. Así vivía Mari Carmen y viven muchos de nuestros mayores, no como un privilegio sino como demostración de que era posible universalizar el acceso a la vivienda. Esa ley fue derogada en 1985 por Boyer.
De igual modo la Ley del Suelo de 1956 reconocía la función social de la propiedad que permitía al Estado expropiar viviendas vacías y solares vacantes por no cumplir su función, proveerse de suelo público mediante cesión de los propietarios y proteger el suelo rústico. La ley de Aznar, que liberalizó el suelo en 1998, fue la causa directa de la burbuja inmobiliaria, cuyo estallido arrasó la economía española y llevó al desahucio a miles de familias españolas.
Si los ocho millones de viviendas protegidas construidas en España desde 1980, que se beneficiaron de acceso a suelo público y beneficios fiscales, siguieran siendo protegidas, en lugar de haber pasado al mercado especulativo y si los contratos de alquiler hubieran permanecido protegidos, no tendríamos hoy problema de vivienda. Por tanto, es preciso mirar atrás para desandar el mal camino seguido. El estado tiene que garantizar el acceso a la vivienda, cediendo el uso de suelo público, facilitando el acceso al crédito y garantizando que la vivienda protegida, en propiedad o en alquiler, lo sea a perpetuidad.